Ante el recrudecimiento de las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en doce provincias del país.
La decisión, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 174, regirá durante 60 días y busca contener los disturbios y bloqueos registrados en diferentes puntos del territorio nacional, principalmente en la Sierra centro y norte.
La medida se aplicará en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, sumándose a Imbabura y Carchi, donde ya se había dispuesto la misma restricción.
Según el documento, la resolución se fundamenta en la existencia de una “grave conmoción interna”, producto de los hechos violentos, cierres de vías y afectaciones a servicios públicos ocurridos durante los trece días de movilizaciones.
El decreto también establece la limitación del derecho a la libertad de reunión, con el fin de prevenir bloqueos y enfrentamientos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana y el funcionamiento económico del país.
Desde el Ejecutivo se justificó la medida como un intento por frenar la radicalización de las protestas convocadas por la CONAIE, luego de que su presidente, Marlon Vargas, anunciara que las movilizaciones podrían extenderse hasta la capital.
“Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito, compañeros y compañeras. Ya no podemos seguir soportando”, declaró Vargas en una asamblea desarrollada en Alausí, Chimborazo.
Los dirigentes indígenas exigen, entre otros puntos, mantener el subsidio al diésel, reducir el IVA del 15 % al 12 %, y liberar a los doce comuneros detenidos y procesados por terrorismo durante los primeros días del paro.
Mientras tanto, el Gobierno ha reiterado que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio, al considerar que la decisión es necesaria para ordenar las cuentas fiscales y fortalecer la estabilidad económica.
