La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas investigaciones por al menos siete delitos previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el marco del paro nacional convocado por la Conaie y apoyado por diversos sectores sociales y estudiantiles.
Entre las conductas bajo indagación constan: tentativa de paralización de un servicio público, asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado, terrorismo, paralización de un servicio público, ataque o resistencia y lesiones. Las sanciones previstas para estos ilícitos van desde seis meses hasta 26 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Los procesos en curso incluyen investigaciones reservadas contra dirigentes sociales y autoridades locales, así como causas con instrucción fiscal contra personas detenidas en los puntos de protesta donde se registraron actos violentos.
De los delitos señalados, terrorismo y ataque o resistencia contemplan las penas más severas, llegando hasta 26 años cuando las acciones deriven en la muerte de una persona. El delito de lesiones, en cambio, puede ir desde 30 días hasta 7 años de cárcel, según la magnitud del daño.
La Fiscalía recordó que, aunque la Constitución garantiza el derecho a la protesta, esta no ampara conductas que atenten contra bienes jurídicos protegidos, como la seguridad pública o la prestación de servicios básicos. En ese marco, la institución aseguró que actuará “con firmeza y en apego a la ley y los derechos humanos” frente a posibles delitos cometidos durante las movilizaciones.
