Quito.- El paro nacional que vive Ecuador desde hace más de dos semanas ha generado preocupación internacional. Varias embajadas extranjeras han emitido alertas a sus ciudadanos para evitar viajes al país o tomar precauciones al desplazarse, especialmente hacia las zonas de protesta como la provincia de Imbabura, una de las más afectadas por los cierres de vías y enfrentamientos.
La Embajada de España fue la primera en pronunciarse, el pasado 29 de septiembre, recomendando a sus connacionales “evitar desplazamientos no imprescindibles” hacia las provincias de la Sierra, donde se registran manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel.
Posteriormente, el 1 de octubre, la Embajada de Estados Unidos advirtió que las protestas “han causado y podrían seguir causando interrupciones significativas en el tráfico, transporte público y logística”, recomendando incluso preparar suministros para refugiarse en caso de emergencia.
Más recientemente, el 6 de octubre, la Embajada de Canadá actualizó su nivel de alerta al catalogar a Ecuador como un país de alto riesgo para visitar, debido a los elevados índices de criminalidad y la inestabilidad actual.
Turismo y economía en crisis
El sector turístico es uno de los más golpeados por la crisis. Según el Ministerio de Turismo, entre enero y agosto de 2025 llegaron 906.603 visitantes internacionales, una cifra que refleja una desaceleración respecto a los años previos a la pandemia.
En Imbabura, donde el paro ha sido más intenso, el impacto es dramático: la ocupación hotelera no supera el 1 % y las reservaciones han sido canceladas. “Los hoteles prácticamente han tenido que devolver todos los anticipos”, explicó Danilo Sánchez, presidente de la Cámara de Turismo de Ibarra.
El efecto dominó afecta también a guías turísticos, transportistas, artesanos y restaurantes, muchos de los cuales han reducido su actividad o trabajan con temor a represalias por parte de los manifestantes.
Contexto del conflicto
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene el paro en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y exige además reducir el IVA del 15 % al 12 % y liberar a los detenidos durante las protestas.
El Gobierno Nacional ha descartado atender las dos primeras demandas, argumentando que las decisiones fiscales son necesarias para la estabilidad económica del país, y ha reiterado que los casos judiciales corresponden a la Función Judicial.
Hasta el momento, el conflicto deja una persona fallecida, decenas de heridos, más de 100 detenidos y millones en pérdidas materiales, especialmente en las provincias del norte.
