En el norte del país, la tensión social dio un giro este viernes, 3 de octubre. En San Antonio de Ibarra y Natabuela (cantón Antonio Ante), los propios moradores decidieron desalojar a los manifestantes que mantenían bloqueada la E-35 desde hace doce días. La medida respondió al cansancio ciudadano ante la paralización de la actividad económica y productiva.
Con apoyo de maquinaria pesada, la vía fue despejada de piedras, neumáticos y arbustos que impedían la circulación en el tramo Ibarra–Antonio Ante. Artesanos de la madera y emprendedores gastronómicos denunciaron que la crisis ya es insostenible, pues sin turistas ni tránsito de viajeros sus ingresos se redujeron a cero.
El proceso se realizó sin enfrentamientos graves ni personas heridas, aunque los pobladores reconocen que la situación se vive como un “choque de pueblo contra pueblo”.
En paralelo, la viuda del exdirigente indígena Efraín Fuerez rechazó públicamente las acusaciones en contra de su esposo, fallecido en protestas en Cotacachi. Acompañada de dirigentes comunitarios, pidió respeto y verdad frente a la desinformación que circula en redes sociales.
La jornada también evidenció divisiones internas en el movimiento indígena. La autodenominada Comisión Imbabura desconoció a líderes de la FICI y del Pueblo Kichwa de Otavalo, alegando falta de coordinación con las bases. Aunque el comunicado no tuvo firmas, adelantaron que nuevos delegados asumirán la representación en el proceso de resistencia.
Desde la Alcaldía de Otavalo se informó que se garantiza el funcionamiento de servicios básicos y la preservación de corredores humanitarios en la zona. En Ibarra, mientras tanto, el abastecimiento de combustibles comienza a normalizarse gracias al ingreso de tanqueros por rutas alternas.
El panorama sigue abierto de cara al segundo fin de semana de paralización en Imbabura, donde se esperan nuevas definiciones en torno al futuro de las protestas.
