La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional sesionó este miércoles 20 de agosto de 2025 para analizar la denuncia que involucra a un sacerdote de la Iglesia católica en Olón, provincia de Santa Elena. El religioso fue separado de sus funciones pastorales tras ser encontrado en su vivienda junto a tres menores de edad.
La presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz, manifestó su preocupación frente a la denuncia presentada el 15 de agosto y señaló que, como parte del proceso de fiscalización, se convocó a autoridades competentes y actores sociales para abordar el caso.
Por su parte, Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, explicó que la institución abrió una investigación previa de oficio el 17 de agosto, tras el monitoreo de medios y redes sociales. Posteriormente, se sumaron la denuncia de la Tenencia Política de Manglaralto y un parte policial relacionado con los hechos. El funcionario precisó que se han dispuesto diligencias, como la valoración psicológica de los adolescentes, y recordó que actualmente existen 11 casos en seguimiento por violencia sexual en el ámbito clerical: uno en etapa procesal y 10 en investigación previa.
En tanto, Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, informó que se solicitó a la Conferencia Episcopal información sobre protocolos de actuación en estos casos, aunque aclaró que no se cuenta con datos oficiales. Añadió que el 19 de agosto se emitió la providencia de admisibilidad para iniciar la vigilancia del debido proceso en el marco de las competencias de la institución.
Durante la comisión general, Sara Oviedo, representante de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, denunció la falta de cooperación de la Iglesia católica y señaló que se mantiene un “código de silencio” que impide denunciar estos hechos, lo que —según dijo— constituye una forma extrema de encubrimiento.
